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La crisis sanitaria global provocada por el Covid-19 ha golpeado, en mayor o menor medida, a todos los países. Las cifras oficiales hablan de 6.166.978 personas contagiadas con el virus y 372.037 personas muertas a consecuencia de la enfermedad2 en el mundo.
 
POR JOSÉ ANTONIO HENRÍQUEZ MUÑOZ1
Abogado, Magíster en Derecho Penal
 
En Chile, la situación también resulta preocupante 99.688 personas se encuentran contagiadas con el virus, mientras que 1.054 han fallecido.
 
Si bien esta enfermedad se ha presentado de forma transversal en los diversos estratos sociales que conforman nuestro país, se debe recalcar que sus efectos más graves se han visto radicados en los grupos más vulnerables.
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado a las personas privadas de libertad como uno de aquellos grupos en situación especial de vulnerabilidad, recomendando a los gobiernos de los Estados miembros adoptar de forma inmediata y urgente, con la debida diligencia, todas aquellas medidas que resulten adecuadas para proteger el derecho a la vida, la salud y la integridad de las personas frente al riesgo que implica esta pandemia3.
 
En concreto, 45.239 personas se encuentran privadas de libertad en Chile. De ellas, 13.053 corresponden a imputados sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva, es decir, personas recluidas en etapa de investigación o a la espera del juicio oral4. De dicho total, de acuerdo con cifras oficiales, 443 personas privadas de libertad se encuentran contagiadas con la enfermedad.
 
Misma suerte corren 430 funcionarios penitenciarios5. El brote epidémico al interior de nuestros recintos penitenciarios se inició en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, en donde el 19 de abril de 2020 se registraban 68 internos contagiados con la enfermedad. Tan solo 2 semanas después, el día 6 de mayo, la cifra de contagiados había subido a 270 internos.
 
Las cárceles, en general, sirven de terreno fértil para enfermedades de estas características, esto principalmente por las condiciones de hacinamiento existentes al interior de los recintos, bajos estándares de salubridad, escaso acceso al agua potable, malas condiciones de ventilación, entre otros aspectos negativos observados y denunciados históricamente por entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil6.
 
Cabe agregar que la situación en el CDP Puente Alto derivó, inclusive, en un oficio emitido por el Juez de Garantía de Puente Alto al Señor Ministro de Justicia, consultando en aquella misiva la posibilidad de cerrar la unidad penal ya indicada, trasladando a la población penal hacia otras unidades de la Región Metropolitana.
 
Dicha solicitud fue rechazada de plano, tanto por el Ministro de Justicia como por el Director Nacional de Gendarmería. A consecuencia de las circunstancias ya descritas, en el CDP de Puente Alto y en otras cárceles nacionales se iniciaron una serie de manifestaciones y protestas de parte de las personas recluidas. En Santiago, fueron conocidos los intentos de motín en el CDP Santiago I, Puente Alto y Colina I y II, originados principalmente por la deficiente información que la población penal ha recibido de parte de la administración penitenciaria durante la crisis sanitaria, provocando en aquella un entendible temor e incertidumbre, y la política de traslados interregionales adoptada por Gendarmería de Chile que ha tenido como consecuencia el desarraigo de la población penal respecto de sus territorios de residencia y el alejamiento en relación a sus grupos familiares y redes de apoyo.
 
Que en lo relativo a la política de traslados iniciada por la Administración Penitenciaria, se debe sumar a lo antes señalado las graves negligencias en las que ha caído Gendarmería al trasladar interregionalmente a personas privadas de libertad sin realizar, previamente, el examen PCR para descartar la presencia de la enfermedad en los internos trasladados. Esta situación ocurrió en el Complejo Penitenciario de Valdivia, lugar al que llegaron 17 privados de libertad desde Santiago que se encontraban contagiados con Covid-19, situación que derivó en el contagio de al menos 95 personas en este recinto penal, entre privados de libertad y funcionarios de Gendarmería y que llevó al Juez de Garantía de Valdivia a suspender cualquier nuevo traslado hacia el Complejo Penitenciario de dicha ciudad7.
 
Por otra parte, debido a la crisis sanitaria mundial diver sas organizaciones internacionales realizaron el llamado a los diversos Estados a adoptar medidas tendentes a liberar a aquellas personas privadas de libertad pertenecientes a grupos de riesgo, reevaluando la mantención de los requisitos que fundaron su prisión preventiva en caso de imputados, o evaluando la concesión de beneficios intrapenitenciarios o la modificación de régimen de cumplimiento, en el caso de condenados8.
 
Este llamado fue acogido, en primer lugar, por el Ministerio de Justicia, quien logró la aprobación de la Ley 21.228 de Indulto Conmutativo, la que liberó a 1.860 personas condenadas modificando la forma de cumplimiento de la condena, pasando de estar privado de libertad de forma efectiva en un recinto carcelario a un arresto domiciliario total. A su vez, la Defensoría Penal Pública ha logrado la libertad de 2.489 imputados en prisión
preventiva, 189 adolescentes sometidos a Internación Provisoria y 1.657 personas condenadas que fueron beneficiadas con la Libertad Condicional. En total, desde el inicio de la crisis sanitaria, se han liberado más de 6.100 personas, logrando con ello una descompresión parcial de los recintos carcelarios.
 
Para terminar, debemos recordar que en el escenario actual los recintos carcelarios son reales bombas de tiempo. La velocidad de reproducción del virus en espacios en donde es imposible realizar distanciamiento social y periódico lavado de manos se multiplica por diez. Como señala el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, “la pena privativa de libertad no puede convertirse en una pena de muerte”, razón por la cual urge continuar con un plan continuo de vigilancia y tratamiento sanitario de la población penal, como asimismo mantener los esfuerzos para descomprimir nuestros recintos penitenciarios.
 
1 José Antonio Henríquez Muñiz, abogado, Magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Chile. Actualmente ejerce como Defensor Penal Público y es Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal Chile.
 
2 Información actualizada al 01 de junio de 2020. Disponible en el sitio web de la John Hopkins University & Medicine. https://coronavirus.jhu.edu/map.html
 
3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 1/20, adoptada por la CIDH el día 10 de abril del año 2020.
 
4 Información Actualizada al 30 de abril de 2020. Disponible en el sitio web de Gendarmería de Chile. https://www.gendarmeria.gob.cl/estadisticaspp.html
 
5 Información Actualizada al 31 de mayo de 2020. Disponible en el sitio web de Gendarmería de Chile. https://www.gendarmeria.gob.cl/corona2020.html
 
6 Ver “Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile 2016-2017” del Instituto Nacional de Derechos Humanos; “Informe Anual de Derechos Humanos: Condiciones Carcelarias. Año 2005”, de la Universidad Diego Portales; “Visita al Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, en el contexto de Pandemia Coronavirus Covid-19 en el marco de los Derechos
Humanos de las personas privadas de libertad”, del Colegio Médico de fecha 2 de abril de 2020.
 
7 Ver nota periodística “Brote de Covid-19 en la cárcel de Valdivia deja a 95 reos y gendarmes en cuarentena”, de fecha 22 de mayo de 2020. Link: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2020/05/22/brote-covid-19-la-carcel-valdivia-deja-95-reos-gendarmes-cuarentena.shtml
 
8 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 1/20 da cuenta de 4 recomendaciones a los Estados Miembros en este sentido. En el mismo sentido, La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, solicitó a los diversos Estados la liberación de aquellas personas privadas de libertad por delitos de menor gravedad.