Declaración Pública
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El Consejo de la Gran Logia de Chile, convocado en reunión ordinaria el 26 de octubre de 2019, analizó en profundidad los acontecimientos ocurridos en el país en la última semana y los desafíos para la República.

El Consejo sostiene que estos hechos son producto de la indignación social frente a un estado de cosas que afecta cotidianamente a la gran mayoría de los habitantes y que provoca que muchas personas vivan en el desaliento y otras en condiciones mínimas de sobrevivencia, marginados de las oportunidades y del reconocimiento de sus méritos y talentos.

Analizado ampliamente el origen y desarrollo de las manifestaciones sociales, y el mensaje ciudadano tras ellas, donde una de las características es que no hay portavoces, dirigentes, organización tradicional o interlocutores identificables, se hace necesario, para avanzar en una solución razonable y satisfactoria para la sociedad, el imperativo de un gran esfuerzo donde ningún chileno puede quedar al margen.

En atención a lo expuesto, la Gran Logia de Chile señala públicamente que:

1. Las causas de la grave crisis político – institucional de Chile, están asociadas a las evidentes injusticias provenientes del abuso y la colusión, la inequidad de las políticas públicas respecto a servicios y bienes como la salud, educación, pensiones, ingresos y otros; en la postergación de importantes sectores sociales del país, todo ello amparado por un Estado débil, con estancos de corrupción, donde el resultado es una sociedad desprotegida y abusada a través de una estructura de distribución de poder donde el bien común se ha tergiversado en favor de unos pocos.

2. Reconoce la legitimidad de las demandas del movimiento social y llama a un gran esfuerzo político para recomponer la ética del poder en favor de toda la sociedad y, desde allí, construir los caminos necesarios para que en Chile impere la libertad, la igualdad y la fraternidad, como la base para dar el contenido necesario a un bien común orientado a generar las condiciones de una convivencia fraternal, con justicia y respaldada por la protección y reconocimiento de nuestros derechos y deberes sociales impostergables.

3. Considera imperativo implementar las condiciones cívicas necesarias para asumir un diálogo efectivo y creíble que permita mostrar una hoja de ruta sobre bases éticas en el ejercicio del poder y que neutralice la intensidad de los intereses de pequeños grupos que utilizan su posición privilegiada para imponer argumentos sociales y jurídicos en detrimento de las justas aspiraciones ciudadanas.

4. Valora ampliamente que el movimiento social haya impuesto un acento firme respecto al carácter pacífico de sus demandas, reduciendo a su real expresión a los grupos minoritarios que han promovido la violencia y la destrucción del espacio público.

5. Recomienda que, entre los actores políticos y sociales existentes dentro de la realidad nacional, y bajo el imperativo de un liderazgo ético, se inicie una urgente agenda de construcción de acuerdos, donde se recojan y se trabaje en la implementación adecuada de las aspiraciones sociales, y se avance con paso decidido hacia modificaciones institucionales que garanticen los derechos de las personas de modo más eficaz, perfeccionándose así la arquitectura democrática y la participación social.

6. Valoramos el levantamiento del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno, lo que permite restituir el pleno ejercicio de las libertades fundamentales que están garantizadas en nuestra Constitución y se permite, con ello, crear las condiciones necesarias para un diálogo ciudadano, participativo y fecundo.

7. Hace votos y compromete sus esfuerzos en la necesidad de imponer una agenda construida en el respeto, la prudencia, la responsabilidad y la fraternidad, a fin de unir a todos los chilenos en una común disposición de justicia social y valoración de la condición humana, como el objeto de toda actividad política, económica y social. Ningún acuerdo respecto al perfeccionamiento de una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo es posible sin la participación de los distintos actores y grupos de la base social.

8. Reconocemos la labor de los organismos de justicia e instituciones de Derechos Humanos para denunciar y perseguir responsabilidades en los excesos cometidos por miembros de los organismos armados, en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, como, asimismo, reconocemos los esfuerzos de los mandos de las FFAA y de Orden de procurar evitarlos en el marco de su sometimiento a la legalidad vigente.

9. También valoramos los aportes e iniciativas de todos quienes han manifestado su voluntad y disposición política para fortalecer el diálogo constructivo, orientado a dar respuestas concretas a las necesidades sociales y políticas que la actual situación exige, así como su disposición a abrir espacios amplios de debate social a través de conversatorios o cabildos de base. Esta sintonía entre la política y la sociedad civil es un requisito indispensable para la buena marcha de la República, por lo cual llamamos a sumarse a todos quienes quieren dar el giro que nuestra sociedad exige.

10. La Masonería está integrada por personas que pertenecen a distintas ideas políticas, religiosas, filosóficas y culturales, pero que ponen a la condición humana en el centro de todo su quehacer y motivación. Son personas que trabajan con denuedo para construir las éticas necesarias para el tiempo secular, en el cual todo ser humano tiene derecho a acceder a su más plena realización y a la felicidad. En este contexto, todos sus miembros, independientemente del rol o desempeño que cada uno tiene en la sociedad, no claudicarán en poner ese objetivo, más allá de las diferentes posiciones que sostengan frente a las contingencias, en la prioridad de sus responsabilidades cívicas, sociales y morales.

 

Sebastián Jans Pérez

Gran Maestro